El gobierno federal eliminó las políticas de diversidad, equidad e inclusión y colocó a las universidades de Puerto Rico en crisis por la falta de acceso a fondos. 

10 de noviembre de 2025

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que afectó la estabilidad laboral de los empleados universitarios. Los fondos federales destinados a cubrir los salarios de empleados de programas dirigidos a la diversidad cesaron de renovarse tras la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) a partir del 30 de septiembre.

La orden ejecutiva (OE) 14173 decretó que todo proyecto, programa o puesto que respondiera a la definición de diversidad quedó eliminado. El dinero no obligado al 30 de septiembre debía devolverse y no habrá fondos futuros para propuestas de esta índole. Las universidades que no cumplan con las nuevas políticas serán sancionadas.La medida federal afectó a coordinadores de programas, personal de apoyo académico, técnicos de investigación y personal administrativo. Este fue el caso de Amanda Sofía Soto González, coordinadora del proyecto Construyendo Equidad entre Géneros (CEG) en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Tras la orden, el CEG dejó de existir. 

Uno de los mandatos de la OE es la revisión de subvenciones, contratos y criterios de financiamiento para iniciativas universitarias basadas en la raza, el género o la identidad. El memorando de implementación del Departamento de Educación ordenó detener los programas destinados a estas poblaciones y devolver los fondos. También prohibió propuestas futuras con componentes de DEI. El golpe recae sobre proyectos como Título III, Título V y Título IX, oficinas de apoyo estudiantil, laboratorios con componente comunitario, empleos financiados con fondos federales.

Impacto económico para las universidades

La implementación de esta orden dejó a las universidades puertorriqueñas sin una de sus principales fuentes de apoyo económico. Ocho instituciones de Puerto Rico recibieron $20.7 millones para equipos, fortalecimiento académico y contratación de personal entre 2024 y 2025, como parte del programa para Instituciones al Servicio de Hispanos (HSI), por sus siglas en inglés, según el Departamento de Educación Federal. 

El licenciado Vladimir Román Rosario, director ejecutivo de Asesoría Jurídica Sistémica para Asuntos Laborales y Federales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, describe los recortes como un “doble golpe”: la pérdida de ingresos futuros y la obligación de deshacer lo ya comprometido. Román Rosario explicó: “Nos dicen: ‘devuélvelo y absorbe la nómina con tu propio presupuesto’”. 

Ese cambio obligó a la Universidad Interamericana a pagar, con fondos institucionales, sueldos y proyectos que antes cubría el gobierno federal. El licenciado afirmó: “Las universidades no están en posición de absorber ese vacío fiscal”.

La orden federal redefinió esfuerzos de diversidad como inadmisibles para el financiamiento y extendió el recorte más allá de los salones de clase. Un ejemplo es la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para intervenir en comunidades pobres con problemas de acceso al agua. La propuesta, que contaba con $12 millones, se descartó por entenderse que constituía una iniciativa de “DEI ampliado”, explicó Román Rosario. 

Impacto político en las universidades de Puerto Rico

La eliminación de las políticas DEI no opera únicamente como un recorte financiero, sino también como un mecanismo para implementar una agenda ideológica. La OE obligó a las universidades a ajustar sus normativas internas para eliminar toda referencia a la diversidad. El incumplimiento pondría a la universidad en riesgo de pérdida de fondos. Soto González explicó 

que Casa Blanca creó una lista de palabras que “eran cancelables y cualquier propuesta que tuviera palabras como esas rápido le ponían bandera roja y eso era lo que estaba pasando con todas las propuestas que trabajaban con temas de género, equidad o inclusión”, añadió la coordinadora.

La Red Feminista de Investigación y Educación en Género, colectivo de académicas universitarias de Puerto Rico, advirtió que las medidas adoptadas equivalen a “actos de censura que atentan contra la equidad, invisibilizan y desatienden las desigualdades estructurales y socavan el compromiso democrático de la academia”, según un comunicado de prensa el pasado 29 de septiembre. 

El colectivo señaló que estas medidas no eliminan la existencia del racismo, el sexismo o la transfobia, solo los hace innombrables en el espacio universitario. Esto obliga a las universidades a contradecir sus propias misiones institucionales que declaran compromiso con justicia, inclusión y libertad académica.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico emitió una certificación el pasado 31 de marzo de 2025 en la que dan por terminada la encomienda del Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad para cumplir con las normativas establecidas por el gobierno federal. La Universidad Interamericana aún no ha emitido una directriz oficial sobre este asunto.